El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), como lo ha venido denunciando de forma constante, ve con gran preocupación y alarma el nuevo paso que ha dado el Ejecutivo Nacional como parte de una estrategia envolvente para limitar las libertades ciudadanas, basando la normativa en el imperativo constitucional de la Seguridad de la Nación.
Particularmente vemos que se persigue coartar aún más el acceso a la información, una de las catorce garantías constitucionales que no pueden ser suspendidas ni siquiera durante la declaratoria de un estado de excepción, como lo establece taxativamente el Artículo 7 que rige la materia.
La creación el pasado 1 de abril, mediante el Decreto 7.454, del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), se suma a las limitaciones ya existentes para el acceso a la información y el ejercicio del periodismo, previstas en la Ley Organica de Seguridad de la Nación (Artículos 55 y 56) sobre la Reserva de divulgación o suministro de datos o información y el Incumplimiento al Régimen Especial de las Zonas de Seguridad, cuya violación prevé penas de cárcel de 5 a 10 años.
Según el referido decreto, el CESNA se encargará de “recopilar, procesar y analizar permanentemente todas las informaciones que provengan de las instituciones del Estado y de la sociedad sobre cualquier aspecto de interés nacional” y podrá declarar cualquier información, sin discriminarla, de “carácter reservado, clasificado o de divulgación limitada”. El Decreto que crea el CESNA se suma, en su concepción, a la ambigüedad que marca a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación en lo atinente a las Zonas de Seguridad, en las que se prohíben “actividades y eventos que amenacen la integridad física y moral de las personas, bienes y servicios dentro de los límites”, lo que da pie a la comisión de atropellos y desmanes por parte de las autoridades contra los ciudadanos.
El pasado 23 de mayo, fue detenido por varias horas el fotógrafo Simón Clemente, del diario 2001, bajo el argumento de que violentó la normativa sobre Zonas de Seguridad por cumplir con su labor frente a la residencia presidencial La Casona. El mismo argumento se usó el 7 de abril de este año, para detener temporalmente a la periodista Beatriz Adrián, de Globovisión, por realizar una entrevista en un local comercial ubicado en las adyacencia de Fuerte Tiuna. Sólo esta instalación militar tiene decretadas 5.630 hectáreas de perímetro de seguridad, que abarca áreas de los municipios del Distrito Capital, Baruta y Guacaipuro del estado Miranda. A nivel nacional, están decretadas un centenar de zonas de seguridad (fronterizas, militares, industrias básicas, de carácter estratégico), de las cuales ocho abarcan vastas zonas residenciales de la Gran Caracas.
Desde el SNTP rechazamos de forma contundente el contenido del Decreto 7.454 de fecha 1 de junio. Instamos al Ejecutivo Nacional a revisar su política restrictiva del derecho constitucional de acceso a la información, e instamos a los ciudadanos a procurar enterarse de forma responsable sobre las amenazas que se ciernen sobre nuestras libertades públicas.
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PRENSA (SNTP)
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